Quizás alguien pueda pensar nada más leer el título de esta nueva reflexión, que promete dureza en su exposición y conclusión; se me antoja necesaria en unos momentos en los que los ciudadanos nos enfrentamos a la primera de las dos convocatorias electorales que están previstas para este año 2023. No me remontaré mucho más atrás del siglo XIX para concluir que España ha estado sembrada por el terror y por el dominio de los terroristas al menos en el tiempo analizado.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua publicaba por primera vez en la edición de 1869 el término “dominación por el terror”, en la edición de 1925 afina el concepto con “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror” y ya no habrá más modificaciones hasta la edición de 1985 en la que se vuelve a afinar todavía más: “forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de temor e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general”, formula esta que desaparece en la edición de 1992 volviéndose a la más escueta de 1925, posiblemente -entiendo- que se deba a la controversia sobre la naturaleza de la guerra sucia desplegada en los años ochenta por los GAL y que pudo generar algunas dificultades para encontrar una definición de todas las modalidades de terrorismo, incluida la del Estado.
La pretensión de legitimidad de los terroristas y que sus integrantes sean reconocidos como patriotas, revolucionarios e incluso humanistas es común en todos los movimientos. La justificación del terrorismo está siempre en el objetivo de venganza, generalmente con su peculiar idea de hacer justicia.
En un panfleto de ETA llamado “La resurrección en Euskadi” se encuentran frases como esta: “Para el gudari-militante (…) engañar, obligar, matar no son actos únicamente deplorables, sino necesarios”. Los terroristas no siempre rechazaron se calificados como tales; en 1937 el anarquista catalán Juan García Oliver (que fuera ministro del Gobierno de la República), en un acto en memoria de Durruti indicó “que algunos militantes libertarios se convirtieron en los mejores terroristas de la clase obrera”, “reyes de las pistola obrera”.
Manuel Azaña se refirió al terrorismo en sus discursos en tan solo dos ocasiones, una de ellas fue en 1930 en la plaza de toros de Madrid al comentar que el régimen de Primo de Rivera se había rodeado de personas que “habían hecho su aprendizaje en el terrorismo barcelonés, poniendo a los representantes y agentes del Estado español al nivel profesional de los pistoleros de oficio”. Tras la derrota republicana, grupos anarquistas protagonizaron un intento de asesinato de Franco en 1940.
Facciones terroristas han proliferado en España al calor de los espíritus nacionalistas y separatistas. Entre los grupos de izquierdas que llegaron a crear un brazo armado en los años setenta u ochenta estaban el FRAP, el GRAPO o el MPAIAC en Canarias, justificando la opción por la lucha armada por el carácter dictatorial del franquismo; la llegada del sistema democrático no condujo a su abandono, sino a intensificarse, justificándolo con que la lucha no es contra un régimen, sino contra España.
En 1978, abierto el periodo constitucional, el veintiuno por ciento de los españoles (y el cuarenta y ocho por ciento de los vascos) veía a los etarras como patriotas o idealistas. La transición democrática fue la época más mortífera de la banda, con noventa y tres asesinatos tan solo en 1980. Así las cosas, con el transcurrir del tiempo, trataron de convencer al Estado de mediados de los ochenta de que le convenía más negociar un armisticio con los terroristas, aceptando sus exigencias, que mantener una guerra que no podrá ganar a lo que autodenominaron la vanguardia armada.
Frases para la historia las tenemos por doquier: El terrorismo es la forma de lucha de los pueblos pequeños”; “la independencia no se consigue sin que unos sacudan el árbol y otros recojan las nueces”; “uno no se imagina a un catalán con un arma en la mano. A un vasco sí, es una cuestión de carácter”; “no es buena la derrota de ETA, no es bueno para el nacionalismo”; “ETA no es la banda del Tempranillo” y por último la “precisión” manifestada por el obispo Setién: “No son delincuentes que actúen con ánimo de lucro”.
Tratar de justificar con el olvido, sin más, los crímenes del terrorismo y especialmente de ETA nos lleva al dislate de la política nacional en el siglo XXI con el mandato de Rodríguez Zapatero y que se incrementa exponencialmente con Sánchez Pérez-Castejón; son dos pilares en los que se apoya la indignidad de la Memoria Histórica que excluye los crímenes del terrorismo hasta posibilitar pactos de Estado con sus herederos de ETA hoy llamados Bildu y que están infiltrados en las instituciones del Estado, posibilitando un gobierno presidido por el PSOE sometido a sus intereses , amén de que la inicialmente llamada Memoria Histórica ha llenado de lagunas la legislación al respecto, con el soniquete que repiquetea el cerebro de que “con ello se recuperaba la tradición democrática”. Pura demagogia que está lejos de la pretensión que en el año 2005 tenía la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca.
El partido socialista había experimentado un importante relevo generacional entre sus dirigentes cuando inopinadamente llegaron los pactos de legislatura del partido socialista con otros partidos de izquierda (grupúsculos electorales y regionales que debieran estar en el Senado) a cuál más radical que lejos de cumplir compromisos del programa electoral condicionan -aún hoy- la vida nacional pese a las reiteradas declaraciones de Sánchez de que determinados pactos nunca se producirían, aunque finalmente el camino seguido derivó por derroteros totalmente contrarios al anunciado y que propuso a sus votantes que a buen seguro pusieron los ojos de extrañeza, cuando menos, que hoy miran con recelo todo lo que propone un Gobierno desarbolado.
Mantenerse en el poder un gobierno débil, liderado por el del partido socialista, ha llevado a España a tener que atender las requisitorias y demandas permanentes de quienes se dedican a extorsionar sin límite al presidente del Gobierno -a él personalmente- que cede ante las peticiones de sus socios de gobierno para sacar adelante leyes (cuando no son decretos), todo ante la perplejidad de ciudadanos y la comunidad internacional que percibe en Sánchez a un pelele o más castizamente un “tentetieso” que le dan golpes y golpes pero el contrapeso (apoyos de gobierno) le permiten volver a estar en el sillón de la Moncloa. ¡Vergüenza o mejor sin vergüenza!.
Es el gobierno actual un gobierno que se ha mantenido con el apoyo de los separatistas catalanes, el populismo comunista más radical y viejuno y los asesinos convertidos en mimos de aquello que fuera ETA y que hoy se llaman Bildu; con estos votos de sangre ha gobernado y gobierna Pedro Sánchez haciéndose cómplice de ellos, seguidos por cuantos indigentes morales e intelectuales le acompañan en el Consejo de Ministros que lógicamente piensan igual porque “duermen en el mismo colchón” de la Moncloa y por tanto son de la misma catadura, condición y opinión.
Ha saltado por los aires la “paz” en la guerra interna de los pactos de gobierno cuando a raíz de la convocatoria de elecciones municipales y autonómicas prevista para el 28 de mayo próximo, los herederos de ETA han mostrado la cara de terrorista que nunca perdieron, presentando entre sus candidatos a cuarenta y cuatro miembros terroristas y sanguinarios de ETA (cuarenta y cuatro Josus Ternera) -con condenas por terrorismo y atentados -. Hoy más que nunca se justifica el grito: “¡Que te vote Txapote!”
Esto que ha indignado a todo el país, menos a quienes se sientan en el Consejo de Ministros y otros que puedan tener la moral a disposición del mejor postor, se ha acompañado con el silencio inicial de los ministros al ser preguntados por esta irregularidad democrática y posterior paso de puntillas para justificar la sorpresa como que “son cosas del pasado que hay que olvidar”.
Son tan burdos y falsos que su moral les permite olvidar los asesinatos terroristas mientras recurren una y otra vez a la hoy Memoria Democrática para imponer sus “virtudes” y sacar a Franco y a José Antonio de sus tumbas en el Valle de los Caídos, hoy llamado Cuelgamuros por mor de esa ley del año 2022.
Ahora recuerdo el título de la magnífica película “Diamantes de sangre”, para compararlo con lo que vengo a llamar los “votos de sangre” que hacen que presida el Gobierno de España el partido socialista, votos que son los que utiliza Sánchez para seguir en el Gobierno y que cualquier ciudadano medianamente sensible debiera reprochar con su voto y que el mismo prometió que no se produciría.
Los diamantes fueron los extraídos de las minas de Sierra Leona para financiar conflictos armados (1999). El Frente Revolucionario Unido aterrorizaba a los campesinos y les obligaban a trabajar en las minas de diamantes para ese objetivo; fue objeto de denuncia por la ONU. Tanto el medio para obtener los diamantes como el fin eran perversos.
Comparativamente el mecanismo utilizado por ETA como era la extorsión y el asesinato como camino para la destrucción de España y su estructura constitucional, mezclándose en gobiernos e instituciones y sirviéndose de la democracia para romperla lo dice todo; una historia macabra que ha apoyado y fomentado un presidente llamado Pedro Sánchez y un gobierno multitudinario que ha aplaudido, con su complicidad, las decisiones del primer ministro.
“Por una coincidencia general sobre la carencia de la legislación actual a la hora de concretar las exigencias constitucionales de organización y funcionamiento democráticos y de una actuación sujeta a la Constitución y a las leyes” se aprobó la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, que establece una serie de limitaciones en la constitución de un partido (art. 2.1) sobre la capacidad para constituir un partido político: 1. “Los promotores de un partido político deben ser personas físicas, mayores de edad, que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos, no estén sujetos a ninguna condición legal para el ejercicio de los mismos y no hayan sido penalmente condenados por asociación ilícita, o por alguno de los delitos graves”.
La misma ley en su art. 9, 3.c) establece cuando se declarará ilegal un partido político: “Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio número de sus afiliados doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión”.
El art. 9. 4 de la citada Ley Orgánica, entre otros, redundan en la necesidad de “la limpieza democrática”. “Para apreciar y valorar las actividades a que se refiere el presente artículo y la continuidad o repetición de las mismas a lo largo de la trayectoria de un partido político, aunque el mismo haya cambiado de denominación, se tendrán en cuenta las resoluciones, documentos y comunicados del partido, de sus órganos y de sus Grupos parlamentarios y municipales, el desarrollo de sus actos públicos y convocatorias ciudadanas, las manifestaciones, actuaciones y compromisos públicos de sus dirigentes y de los miembros de sus Grupos parlamentarios y municipales, las propuestas formuladas en el seno de las instituciones o al margen de las mismas, así como las actitudes significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos”.
A la vista de lo anterior, la Audiencia Nacional y ante la denuncia formulada se posiciona a estudiar la constitucionalidad de Bildu y la legalidad de las candidaturas presentadas para las elecciones del 28 de mayo. En su momento veremos cómo queda este asunto.
No son pocas las veces que en mis reflexiones he manifestado que la democracia en España tiene los pies de barro por atender a los intereses de los partidos políticos, circunstancia esta que no solo han mantenido los gobiernos de diferentes colores, sino que no han hecho nada por ir solucionando las goteras que presenta la Constitución Española, para fortalecerla y protegerla de la arrogancia de políticos como el actual presidente que es capaz de apoyarse en el terrorismo, de indultar a golpistas, saltarse el control del Parlamento y tantos desmanes, con tal de mantenerse en el poder.
Decir que este tipo de actuaciones son legales pero no presentables, no es que sea incierto, que lo es, sino que el presidente debe ser más contundente y que los resortes legales actúen a instancia del gobierno ante semejante atropello.
Hay un principio en derecho que lo concluye todo y es que nadie puede ir contra sus propios actos; Pedro Sánchez está cautivo de toda su trayectoria como presidente ahora que se ha destapado Bildu. Los ciudadanos valoramos -cada vez más- a quienes gestionan nuestros intereses de forma correcta y examinamos con más detenimiento lo que dicen que van a hacer y lo que finalmente hacen. Las maniobras arteras para conseguir un fin a toda costa terminan pasando factura y el respeto a los ciudadanos debe ser la máxima que cualquier político que se precie debe observar en todo momento.
Mariano Avilés – Jurista