De cómo consiguiera Carlos V ser proclamado (siglo XVI) emperador del Sacro Imperio Romano Germánico ilustra lo que desde siempre han supuesto las maniobras para la toma de poder, que en aquella época podían tener sentido (ninguna Corte sin intrigas); en la actualidad lo podríamos mirar tan lejano como irrepetible, pero aunque no haya Corte si hay advenedizos que todo lo embarran.
Varios aspirantes compitieron para ocupar puesto tan importante, entre ellos estaba Francisco I de Francia (eterno rival de España). Carlos era, sin duda, el candidato mejor situado. Durante varios meses Carlos no dedicó ni un momento de sus esfuerzos para atender cuestiones domésticas de las que importaban a sus súbditos y si a maniobrar para conseguir ser coronado emperador.
La responsabilidad de elegir al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico recaía sobre siete electores, tres arzobispos y cuatro príncipes seculares, llegar a ser designado dependía de las posibilidades económicas del candidato y de la generosidad y forma de regalar prebendas a quienes le apoyaran. Jacob Fugger, el banquero más poderoso de aquel siglo, se negó a aceptar pagarés a cambio de dinero en metálico, lo que era imprescindible para garantizarse la elección imperial. Cada uno de los electores tenía su precio.
A Carlos le prometieron 133.000 y 55.000 florines del Rin, préstamos que se harían efectivos caso de que Carlos resultase elegido. Al final consiguió que los pagos prometidos ascendieran a 308.000 maravedís (que eran insuficientes). Tras largas conversaciones Fugger hizo una oferta de medio millón de florines que puso la piedra fundamental para la elección de Carlos como emperador.
Los detalles recogidos en las crónicas de cómo se gastaron los 851.918,34 florines es altamente interesante. El arzobispo de Maguncia recibió 113.200 florines de oro (103.000 para él y 10.200 para su entorno); el arzobispo de Colonia recibió 52.800, de los que 12.800 fueron para su entorno; el arzobispo de Tréveris recibió 40.700 de los que 18.700 fueron para su entorno; el elector palatino del Rin recibió 184.000 florines; el elector Federico de Sajonia recibió 32.000 florines (el único que se negó a decir a quién iba a votar), pero el embajador español aumentó esta suma en otros 81.000 florines para su entorno, además de comprometerse a pagar la mitad de la deuda contraída por la casa de Sajonia. El rey de Bohemia recibió 41.031 florines, finalmente el propio rey obtuvo poco más de 20.000 ducados de los que 5.000 fueron a parar a un obispo amigo de los Fugger.
Es ocioso decir que hubo quien voto por interés económico y quien lo hizo por puro miedo de dejar de mantener sus privilegios.
Así Carlos V fue proclamado, sin su presencia, emperador del Sacro Imperio Romano en la iglesia de San Bartolomé de Franfurt (“el más importante rey y emperador que haya existido desde la división del imperio llevada a cabo por Carlomagno) .Por aquel entonces se alzaron voces críticas en Castilla con una única pregunta motivada por el excesivo gasto y pago de impuestos por los súbditos: ¿Cómo podía su monarca ceñir una corona extranjera sin consultar a los castellanos? El resto de la historia la supongo conocida por todos.
Sirva lo anterior como antesala de esta otra parte de mi reflexión que he venido a calificar como “golpe al Estado desde el gobierno de España”.
Circula en estos días críticos para el país el vídeo del Rey Felipe VI cuando en un mensaje dirigido a la nación en 2017 (que reproduzco en frases entrecortadas) vino a calificar de ilegal los movimientos separatistas, que alborotando la paz ciudadana trataron de romper violentamente la unidad de España con la intención de proclamar la independencia de Cataluña, vulnerando la ley, quebrantado los principios democráticos del Estado de Derecho y dividiendo a la sociedad catalana e incluso a la española.
El calificado por el Rey de “inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña….; que han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional….; es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional….; el estado democrático ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley…; sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en Cataluña, ni en el resto de España ni en ningún lugar del mundo…;saldremos adelante -dijo el Rey entonces- porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos”.
Aquellas palabras que hoy, desgraciadamente se ponen de actualidad deberían ser completadas con otra comparecencia del Rey ante los españoles para que si, la investidura de consenso constitucional de Núñez Feijoo fracasara el día 26 de Septiembre, nuevamente denuncie el golpe que al Estado pretenden darle las mal llamadas fuerzas progresistas, encabezadas por el propio gobierno de la nación, vendiendo al mejor postor el orden constitucional para que sea destruido. Si entonces preocupó al Rey y a España el golpe de Cataluña, ¿no nos va a preocupar y no debería preocuparle al Jefe del Estado el golpe que pretenden dar a España gropúsculos políticos desleales y de exigua representatividad ?.
Pactar con los enemigos del Estado de Derecho y de la Constitución supone no solo una traición para hacer saltar desde dentro del gobierno y desde algunas de las instituciones fundamentales el orden constitucional, rompiendo la democracia y dividiendo, una vez más, a los españoles, con desprecio a la voluntad salida de las urnas.
Vender España con prebendas en favor de quienes deben votar para hacer, no emperador como sucediera con Carlos V, sino presidente al mayor traidor conocido en España desde 1978, con pretensiones personales superiores y apoyado por delincuentes no conversos que viven del Estado al que quieren dinamitar malgastando nuestros impuestos; todo ello requiere decisiones inaplazables si la investidura del candidato designado por el Rey fracasa, precisamente por existir intereses particulares (económicos y políticos) lejos de los nacionales.
Un golpe al Estado constitucional de estas características, que escandaliza a la mayoría de ciudadanos no puede ser callado ni tapado; debe volver a darse el golpe en la mesa para llamar al orden constitucional a quienes en beneficio propio quieren apropiarse de nuestra convivencia. No obstante, echo en falta (será motivo de otra reflexión) la aplicación de las leyes penales y administrativas de responsabilidad, con toda su dureza, a quienes en algún momento han ostentado, ostentan y ostentarán una representación, por mínima que sea, en las administraciones públicas. Quien blanquea actuaciones delictivas, delinque tanto como el que las comete.
España ya ha mostrado sus vergüenzas y debilidades ante las artimañas de quienes buscan el mal. Han sido gobiernos de todos los colores los que no han movido ficha para acabar con mecanismos injustos en lo tocante a la representación de los ciudadanos así como una nueva configuración del Senado como cámara territorial; no parece justo que un ciudadano no represente un voto. Urge trabajar para consolidar los cimientos del Estado; es obligado, ya tenemos recorrido después de vivir algunos episodios violentos durante la democracia. Ningún partido le ha puesto el cascabel a la fiera del nacionalismo que siempre devora pero nunca da nada a cambio.
El Rey, como Jefe del Estado, tiene el deber de ser la garantía que vele por el cumplimiento de la Constitución (art. 61) sin que sea expuesta a subastas torticeras y depredadoras, con respeto a los poderes del Estado y al Parlamento. Que este golpe al Estado venga precisamente del núcleo duro del mismo, es decir del gobierno actual en funciones, debe hacer pensar que el gobierno, en el lamentable estado en el que está, nunca defenderá al Estado, a las instituciones, incluida la justicia, piedra de clave a la que ya tiene maniatada ni, por supuesto a los intereses y necesidades de los ciudadanos. Aquí no sirven buenos modales, ni paños calientes, para aparentar que estamos en una democracia que no existe.
La Constitución no se cumple por muchos motivos, y lejos de hacer una exhaustiva enumeración solo me centraré en la desigualdad de trato a los ciudadanos a la hora de que se hagan efectivos sus derechos, ante la ausencia de justicia que cada día está más lejos de lo que debe ser la equidad; pretenden presentarnos las leyes como injustas para justificar su vulneración.
Si la historia se repite, voces aparecerán en contra de las maniobras de este felón que quiere volver a gobernar España con su cohorte de forajidos; voces de quienes aprecian el orden constitucional y la paz y será en este caso las comunidades autónomas constitucionales (como sucediera con los comuneros en la época de Carlos V) las que le impidan gobernar en paz hasta hacerle caer y celebrar nuevas elecciones.
Mariano Avilés- Jurista, Caballero de Yuste