La justicia como único valor conceptual en sí mismo y, por tanto, de obligado respeto pasó en nuestra cultura española contemporánea por muchos vaivenes, a veces hasta mezclado con trazas religiosas susceptible del castigo divino.
Traigo esta cita ancestral para poner en suerte el desarrollo que pretendo: “El cielo ve y oye, como ve y oye el pueblo. Si los gobernantes gestionan los problemas sociales con justicia y rectitud, la aprobación del cielo se manifiesta por medio del pueblo; en caso contrario son derrocados y otra dinastía los sustituye (Shu Jing siglo IX ).”
Hubo dos tendencias en aquel siglo, los confucianos y los legalistas. “si se dan leyes a los hombres y se las sanciona con castigos sin tener ningún sentido de la moralidad, pero si son guiados por la virtud evitarán espontáneamente las querellas y crímenes” – decían-.
Saltando los siglos y situándonos en la Constitución española de 1931 se puede ver que el título VII de la Constitución se denominaba simplemente “justicia”, que se administraba en nombre del Estado reinterpretando la teoría de Montesquieu: no había más que un poder público, el Estado, que se manifestaba por sus diversas funciones, una de las cuales era la jurisdiccional.
Ya en 1931 apareció un problema cual era la exigencia de controlar la producción legislativa, y por tanto la “justicia” debería ocuparse de una tarea no conocida como era la de controlar el poder ejecutivo y la de fiscalizar al legislador con un órgano que examinara la constitucionalidad de las leyes, una especie de Tribunal de Garantías Constitucionales, desligado del poder judicial.
José Antonio Primo de Rivera, en una conferencia pronunciada en el Sindicato Español Universitario en 1935 se autopreguntaba qué era la justicia, y afirmaba que era un problema “metajurídico” que podía ser abordado desde un punto de vista teológico, metafísico, sociológico o a un impulso natural.
En la Constitución de 1978 la Justicia retoma el nombre de Poder Judicial. Ahora el Poder Judicial se considera como una “organización” que incluye a todos los jueces y magistrados que, ejerciendo funciones jurisdiccionales , están sujetos a una misma norma rectora, esto es a la Ley Orgánica del Poder Judicial y tienen como órgano de gobierno al Consejo General del Poder Judicial.
El carácter democrático de la justicia aparece en la propia Constitución al sancionar que “la justicia emana del pueblo”, al que el propio texto denomina como soberano. La unidad, como base de la Justicia, implica que la función jurisdiccional debe ser ejercida por un mismo tipo de jueces, sin que se admitan tribunales especiales, aunque puedan existir tribunales especializados, no integrados en el Poder Judicial, como pueden ser el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional.
Ya la Constitución vio la necesidad de establecer como garantía el principio de inamovilidad del juez, lo que, en principio, aseguraba que su cargo no quedara a disposición de los órganos gubernativos, sino de un procedimiento reglado.
La degeneración de la democracia en España ha traído como consecuencia el terrible manoseo al que son sometidos jueces y tribunales, cada día más dependientes del poder ejecutivo; quitan y ponen a su antojo, censuran y vilipendian a los administradores de la justicia y no sienten la más mínima vergüenza de llamarles fascistas y acusarles de resolver los conflictos que se les plantean con aire revanchista, adjetivos vertidos por una progresía fétida y en desuso.
Bien, estos son, a mi juicio, los síntomas de un debilitamiento democrático sin precedentes desde la transición democrática hasta que se terminó instalando un gobierno social-comunista liderado por el autócrata sin límites que hoy en 2023 aún gobierna.
La justicia es administrada e interpretada (salvo honrosas excepciones) por jueces mediatizados y maniatados por las circunstancias que envuelven el ambiente, alejándose de textos legales; jueces que aunque quieran desempeñar sus funciones con la máxima honestidad e imparcialidad se lo impide el ruido mediático de voceros (que no cesa), evitando que la Justicia sea igual para todos.
Creer ahora en la justicia universal es una quimera; creer que quien la hace la paga es absoluta mentira porque el rigor de la Ley recae solamente sobre los más débiles, librándose de su peso los políticos y mandatarios que la utilizan a su antojo.
La población toma nota de todo, o al menos una parte importante, porque la otra parte de los ciudadanos están en la nebulosa manipulada, embaucados por las promesas de un mundo mejor que nunca vendrá de la mano ni de socialistas y menos de comunistas, creadores profesionales de pobreza y sometimiento.
Hoy la igualdad ante la Ley es una mera patraña, cuando la máxima debiera ser que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones y por tanto, la Ley seria solamente una, equitativa y universal.
Fue ese insigne cerebro, fenómeno antinatural, “al que tanto le debe este país”, que fuera Rodríguez Zapatero, urdidor cum laudem, amigo de dictadores y delincuentes, quien comenzó a crear las “políticas de igualdad”, desde ayuntamientos hasta ministerios y como todo lo bueno para unos pocos, el invento aquí se quedó para desgracia de la mayoría.
A un ciudadano que quiera a su país, lo que contempla le duele seguro, y la verdad, cuanto más nos duele más se alegran y se reafirman en que van por el buen camino para destruir todo lo construido con la democracia.
La igualdad, por degeneración, ha perdido su valor propio para destinarse a cuestiones exclusivamente de género que tan sólo echan en falta quienes viven de ese exclusivo negocio subvencionado y zafio que lo que crea no es igualdad, crea injusticias varias.
¿Dónde quedó el reconocimiento constitucional del principio de igualdad situado entre los valores superiores del ordenamiento jurídico que se convirtió en el eje del discurso político y partidario en la España democrática?. Miremos en el fondo del pozo en el que estamos.
Mariano Avilés – Jurista Enero 2023