«La vergüenza de los jueces políticos de ida y vuelta, que van de la toga al escaño o al alto cargo y viceversa, con la sombra de duda a sus espaldas; son modos instalados por los políticos para jugar y manosear a la justicia, algunos de cuyos integrantes se dejan querer«
El respeto a las togas se ha perdido hace tiempo y ahora en momentos convulsos, salvo algunos que maquinan todos los días como deshacer España, a los ciudadanos nos mueven como marionetas de un lado para otro sin posibilidad de tener un momento de sosiego que normalice el quehacer diario.
Hay un hecho irrefutable cual es : Si las togas, adoptan un color político u otro, sobre el pueblo se cierne una amenaza para los derechos.
Encontrar a alguien imparcial es prácticamente imposible, ni las leyes son imparciales; los sesgos, tendencias e inclinaciones burlan la objetividad que sería necesaria y tener un mínimo de garantía para que a todos se nos tratara igual para que ante un problema de interpretación de los actos humanos el peso de la ley decida. Pero ¡Qué va!.
No se puede hablar de división de poderes en estricto sentido de la palabra porque eso supondría que, al menos, el poder judicial estaría inmaculado, en una isla lejos del manoseo de los políticos; pero el poder judicial está sometido financiera y organizativamente a los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo que igualmente tienen sus vasos comunicantes siempre en plena ebullición; por tanto dejemos de engañarnos con la ilusión democrática de que somos libres, cuando en realidad todo esto es una absoluta patraña montada por quienes permanentemente necesitan someter a los demás y mantenerse en el poder; es la selección de la especie, los que mandan y a los que se les manda. Todos los que prueban la “casta” quieren mantenerse en la “casta”, aunque la deploraran antes de llegar.
La dependencia incluso laboral e instrumental convierte a los jueces en asalariados con derecho a defender sus intereses profesionales con asociaciones pintadas del color político del que reciben sus consignas. Los jueces profesionales intentan, a duras penas, aplicar el derecho conforme a la realidad social y los jueces políticos resuelven en clave del interés político del partido al que sirven de escudo para posibles conflictos que les lleven ante los tribunales, retorciendo, eso sí, las normas hasta hacerla irreconocible e incluso bajar a la arena política sin dejar la toga, para que se “manche con el polvo del camino”.
La vergüenza de los jueces políticos de ida y vuelta, que van de la toga al escaño o al alto cargo y viceversa, con la sombra de duda a sus espaldas; son modos instalados por los políticos para jugar y manosear a la justicia, algunos de cuyos integrantes se dejan querer. Reforma de leyes (LO12/2011) han sido fruto de manipulaciones que propiciara ese adalid de inteligencia con aires de gobernante, miembro del Consejo de Estado (se permite el lujo de “aconsejar”) que se llama Zapatero (con el comenzó el diluvio); manipulaciones que han continuado hasta nuestros días.
Con este ánimo de manipular bajo la apariencia de proteger, el legislativo guardaba las togas para cuando regresaran aquellos que entraran en política, previamente limpias y planchadas para evitar el olor a rancio acumulado. Ruiz Robledo publicó en el diario El País el 11 de octubre de 2011 abundando en el anterior comentario: “para que cuando vuelvan no se note que llevan años sin usarlas”.
Puedo concluir, sin temor a equivocarme, que un juez ecuánime e imparcial en sus decisiones sometidas a la ley, pudiera ser un estorbo.
La justicia siempre ha sido un juguete de lujo a disposición de políticos y estados. Sin ir muy lejos, aunque alejado en el tiempo lo suficiente, en el reinado de Isabel II existían los jueces meritorios de acreditada adhesión al trono. “La Junta virtuosa, sabia y patriótica” purgaba al personal judicial de pasado dudoso.
Exigir a los jueces hoy una adhesión política a las claras ha pasado de ser una aberración a ser una realidad. Los jueces “comprometidos” que propugnan Podemos en su programa de 2016, sin recato alguno, posibilitarían el acceso a los puestos claves de la justicia, siempre que mostraran un compromiso con su programa de gobierno. El PSOE llego a tachar estas propuestas de “retroceso sin precedentes” e “involución democrática inaceptable”, para convertir a la justicia en el mercadillo que hoy es, precisamente con el visto bueno del PSOE. Una verdadera estafa para los contribuyentes en general y los votantes de la izquierda en particular.
Ahora son las redes sociales financiadas y alentadas por la izquierda radical así como la izquierda socialista que ampara actitudes beligerantes contra estructuras de estabilidad han venido a usurpar la función que hasta ahora estaba encomendada a los jueces y tribunales, incitando al público a formarse una opinión sobre un tema pendiente de resolverse y hacerse con una sentencia por aclamación popular.
Redes sociales, tertulianos de tres al cuarto, periodistas que traspasan la frontera de la información para crear opinión pagada por gobiernos y políticos, todos, absolutamente todos, crean veredictos mediáticos cargados de peligro, al margen del verdadero fallo y anticipándose a los tribunales.
El Manual de Inquisidores (1376) escrito por Fray Nicolás Eymeric señala hasta dónde podía llegar la crueldad al servicio de la intolerancia y negación de la libertad. Quienes se apartaban del camino, de la verdad inmutable de pensamiento se les excluía moral y profesionalmente.
Ahora están los nuevos inquisidores, los actuales revestidos de demócratas, estos que no queman públicamente en la hoguera a los disidentes incrédulos en la “verdad absoluta”; estos inquisidores, en contra de lo que sucediera a aquellos, no llegarán a ser santos.
Aún queda algún juez que diga como dijo el del proceso a la “manada”: “nos podréis amedrentar, insultar, agredir, incluso echarnos de la carrera judicial pero no dejaremos de aplicar las leyes en igualdad, para garantizar un Estado democrático”. El ejercicio de la función jurisdiccional debiera ser impermeable a presiones ajenas, su independencia requiere que se blinden frente a los ataques y presiones de la opinión pública que intimida constantemente con criterios emocionales que desvirtúan la función de los tribunales.
Las turbas populistas, estas que pretenden dar miedo, tan peligrosas como eficaces en sus movimientos estratégicos, se han convertido en el eje del mal, en la más oscura y rancia inquisición que dicta sus sentencias bajo el auspicio del “derecho viral”; ese juez que da su veredicto social desde el griterío de la muchedumbre en las calles o en Twitter. Es posible que quienes envían los tuits no sean más de un puñado de siervos, pero al ser muy activos parecen multitud, gentes financiadas y dedicadas a estos menesteres, posiblemente subvencionados con el dinero de los contribuyentes, sin profesión ni estudios, que utilizan programas robóticos que simulan ser personas para inundar las redes.
Asistimos a una realidad que da pánico, una sociedad turbulenta incontrolada; lo peor de la sociedad, para acabar con todo lo que signifique estabilidad y para ello lo primero es doblegar a la justicia, porque poniendo de rodillas a jueces y tribunales pueden campar por sus fueros sin el menor riesgo de ser incomodados.
Me atrevo a decir que detrás de lo que antes conocíamos como la opinión pública respetada y respetable, hoy (y mañana es posible que sea peor) no hay casi nadie real ni que tan siquiera que reflexione para dar soluciones a los problemas comunes.
La opinión pública se comporta con otras formas, malas formas, insensibles al respeto de las tradiciones de un país con historia como es España. Perdemos a marchas forzadas nuestra imagen de gran país y a Europa esto le puede interesar pese a que se prodigue en señalar (apartado 18 del anexo a la Recomendación CM/Rec (2020)12) que el respeto a la justicia es un bastión a defender, aunque es precisamente Europa quien viene maltratando a España desde hace años, enfrentando nuestros criterios legales con los de algún país miembro sin que ningún político se sonroje y sean los propios magistrados quienes deben defenderse en la más absoluta soledad.
Mariano Avilés – Jurista
Junio 2020