«Corruptelas políticas manifiestas las habían entonces y las hay hoy, disfrazadas o cambiadas de cara, porque, entre otros motivos, actualmente la sociedad es más culta y está más (mejor no se sabe) informada, y aunque tiendan a tener cuidado, el atrevimiento de los políticos les llevan a cruzar con frecuencia la barrera de la prudencia para abocarlos a la crítica y el desprestigio.»

En nuestra historia más reciente que nos perece tan lejana (hablo de 1898) supuso un punto de referencia del cambio histórico de España en todos los terrenos aunque no afectó de forma significativa al concepto de elecciones. Al periodo de la Restauración se puede aplicar esta misma sensación que denunciaba Pérez Galdós cuando aludía al fraude político por el que “las elecciones las hace el Ministro de la Gobernación, y de aquella misma fábrica de votos salen también las minorías”.

Corruptelas políticas manifiestas las habían entonces y las hay hoy, disfrazadas o cambiadas de cara, porque, entre otros motivos, actualmente la sociedad es más culta y está más (mejor no se sabe) informada, y aunque tiendan a tener cuidado, el atrevimiento de los políticos les llevan a cruzar con frecuencia la barrera de la prudencia para abocarlos a la crítica y el desprestigio.

Pérez Galdós en 1923 con ironía y decepción dijo que “El mismo Padre Eterno que quisiera tener un puesto en el Congreso no lo conseguiría  sin el Espíritu Santo político  a quien llamamos Ministro de la Gobernación”.

Ahora podremos entender la comparativa de entonces con lo que sucede ahora; la dictadura de los partidos políticos llamados democráticos disponen y deciden a dedo a quienes debemos votar (conforme a los méritos contraídos con los propios partidos y sus dirigentes), una estafa en toda regla, denunciada por activa y por pasiva que consuman periódicamente éstas organizaciones “democráticas” tan parecidas a sociedades mercantiles de grandes dimensiones en estructura y presupuestos, estructuras necesarias para que no esté excluido nuestro país de las corrientes mejor vistas; quienes las dirigen no quieren hablar de ello porque les resta el poder y gloria.

Seguro que te suena lo que a continuación apunto en cualquiera de las convocatorias a urnas vividas. El primer intento de cambiar de raíz la situación de fraude fue nada más comenzar el siglo XX, cuando Antonio Maura se propuso “el descuaje del caciquismo”; moralizar la administración y garantizar unas elecciones limpias fueron la clave de su programa de “revolución desde arriba”, esto es, la regeneración de la vida política desde las ideas de transparencia y veracidad.

Hoy como sucediera antaño el censo no se puede alterar, pero los pactos políticos terminan por alterar lo que los censos no permiten que se haga,  todo ello para satisfacción de los pactantes que “derrocan” a quienes han ganado las elecciones, con pactos que alteran la voluntad de los electores.

Urgente es, y cada día más, que la regulación electoral sea renovada en profundidad porque es evidente que los remiendos introducidos desde 1987 no han llegado a la esencia del problema; con la necesidad de listas abiertas  que regulen de forma racional no solo los pactos postelectorales  sino además el valor de los votos dependiendo del lugar en el que se vote y a quien se vote, aunque como dijera Azaña “a veces la opción mayoritaria es un mal menor, ya que el ideal de perfección y de justicia representativa es inalcanzable…”.

Un salto en el tiempo nos sitúa en el año 1988 momento en que el candidato socialista a la alcaldía de Madrid Fernando Morán  demandaba de “corrección urgente” del sistema electoral existente, por haber conducido a un “extrañamiento entre representantes políticos y ciudadanos”; es evidente que este discurso no gusta.

El término “electoral” se aplica a todo, y además de su legítimo significado han surgido términos de carga negativa y despectiva a la hora de aludir al “electoralismo”; es una forma de demagogia o de confirmación de la poca credibilidad de la política, en cuya práctica cotidiana las elecciones, a la vista de lo que ocurre, se asocian a lo falso, a las promesas electorales como medio de convicción porque luego aquellas promesas terminan por no cumplirse; una forma de ganarse la voluntad de los votantes en lo que constituye un auténtico mercado electoral.

Mala cosa esta se asociar la política con la mentira y con el engaño; las abstenciones plebiscitarias no debieran asombrar a quienes se les unge como representantes de los demás, con mayores privilegios que los propios representados; un insulto en si mismo, que frente a una sociedad que sufre recortes y estrecheces hay esa facción de ciudadanos ”sacrificados” que llegan a ser representantes de los demás en muchas ocasiones con méritos muy por debajo de la media deseable y que, sin duda, ostentan los representados; esos candidatos que los partidos políticos colocan de forma inmerecida y que los ciudadanos debemos aguantar por decreto ley. Este es uno de los muchos cánceres  que padece nuestro país.

Urge una ley que regule la forma de actuar de los partidos políticos, una ley que ponga aire fresco a la financiación de los mismos y una política de listas abiertas que permita a los ciudadanos ejercer de verdaderos electores y no legitimadores de los intereses torticeros de los partidos políticos, entre tanto esto no suceda (lo veo muy difícil) estaremos siempre enfangados en los mismos problemas que pagaremos los ciudadanos directamente.

Mariano Avilés – jurista.  mayo 2017