Nos queda el teórico derecho a exigir de forma nítida, si se hace con decisión social, que nuestros representantes sean los que elegimos y no los que ponen los grupos de presión.  El Síndrome de China es una gran película;  hoy el Síndrome se llama Chipre, posiblemente haya que elevarlo a la categoría de enfermedad, porque con este antecedente difícilmente los pueblos de esta Europa en desunión pueden quedarse tranquilos.

La Administración como estructura del Estado y los Derechos Fundamentales se ignoran entre ellos; quiero decir con esto que la Administración mantiene respecto de los Derechos Fundamentales un claro anonimato porque faltan instituciones que actúen como garantes de tan importantes derechos; desde una perspectiva jurídica, los administrados no somos sino aquella parte de un contrato obligado de adhesión que supone, no que tengas que firmar ni tan siquiera discutir lo que se pacta, sino que cada cuatro años puedas ir a votar; estamos ante una Administración superpuesta e impuesta a los administrados como diría el jurista García de Enterría, con privilegios y prerrogativas que nos deja a todos en un lugar absolutamente pasivo cuando no de sometimiento, lo que significa en “román paladino” que todo lo deciden unos cuantos y nosotros ni nos enteramos.

La gestión de la Administración tiene un papel de extraordinaria importancia respecto de la actitud de los ciudadanos en este régimen constitucional; es la resultante de las decisiones provenientes de los órganos constitucionales supuestamente adoptadas en libertad, cuando no se han compartido con grupos de interés o de presión, lo que también sucede con alguna frecuencia.

Para un Estado constitucional que se precie, su tarea fundamental debiera ser la de hacer reales los derechos y libertades que han de entenderse como los principios legitimadores de la acción administrativa, en oposición a los intereses particulares que pudieran alejarse del interés general o interés común y que por tanto no puede seguir justificando acciones frente a los Derechos Fundamentales (Garrido Falla).

Resulta altamente paradójico que existan corrientes de opinión que digan que las leyes están hechas para ser incumplidas; desgraciadamente hoy asistimos a la validación del criterio de esa corriente que trae causa de aquellas noticias que nos llegan y que desgraciadamente ya no espantan a nadie, aunque nos duele, y mucho.

Tribunales que no garantizan la aplicación estricta de la Ley… los conocemos a diario por los medios; con una Fiscalía General de Estado que normalmente “está a por uvas” y que cuando actúa es porque hay presión popular; una Fiscalía que consiente permanentemente la utilización del fraude de ley como si de un principio general del derecho se tratara, o como mecanismo de defensa, con la justicia intervenida políticamente que amputa de raíz la naturaleza del Estado de Derecho y, por tanto, nuestras garantías.

Desde esta perspectiva, no pesimista sino real, ¿qué nos queda?. Pues todavía, como administrados, nos queda algo, y ese algo se traduce en el teórico derecho a exigir de forma nítida, si se hace con decisión social, que nuestros representantes sean los que elegimos y no los que ponen los grupos de presión; es necesaria la sensibilización de todos a comprometernos porque al otro lado, está ese ejército de funcionarios públicos que administra nuestras ilusiones y necesidades pero que están a años luz de entender que sus decisiones tienen un grado de afectación importantísimo para los intereses del administrado, que sobrepasan los Estados en una Europa sin fronteras, una Europa con una unión bastarda y sin identidad forjada a base de interés con la peculiaridad de que hoy, los pueblos que integran esa Unión sin unidad, no somos nadie.

Ninguna otra Constitución española reconoció con mayor amplitud que la actual de 1978 nuestros derechos, con claro influjo del constitucionalismo europeo posterior a la II Guerra Mundial, con una concepción universalista de los Derechos Fundamentales como reacción a las trágicas experiencias totalitarias de signo fascista y comunista que asolaron el viejo continente; frente a ello lo que tenemos hoy ya es poco, la desnaturalización de las normas jurídicas nacionales para elevarla a la categoría de descafeinadas porque otros son los que nos marcarán el paso y el destino; con nulas posibilidades jurídicas de defensa.

Los administrados estamos esperando gestos básicos de la función pública y con esto quiero referirme a la justicia, a la sanidad, a la garantía de derechos, a la seguridad jurídica, etc. Son conceptos básicos de dan confianza y solidez a este pueblo ya maltrecho; son los cimientos necesarios para la convivencia en paz y en igualdad.

Se han identificado materias en las que se produce fuerte concurrencia del Estado y las Comunidades Autónomas, en materia de seguros, en materias de fomento a la investigación, en materia de subvenciones, en materia de energias alternativas, en medio ambiente, en materia sanitaria…., es en esta última en la que la inseguridad se ha instalado de forma especial en los últimos tiempos y que tanto nos viene preocupando; aun recuerdo aquella máxima de “Salus pública, suprema lex”, un edificio sólido el del Sistema Nacional de Salud que hoy comienza a tener síntomas de ruina.

Pero si de sanidad hablamos la paranoia puede llegar a su máximo exponente, porque aunque desde el corazón de Europa todavía respeten algunas normas de los países miembros, somos nosotros internamente quienes nos enzarzamos en luchas en la que el perjudicado es siempre el ciudadano. Ya no es que no salga adelante el tan deseado pacto por la sanidad, es que son los propios partidos políticos quienes no dan un paso de acercamiento hacia el otro partido para llegar a acuerdo de interés en esta sensible materia de la sanidad, porque cuando falta la salud no hay etiquetas que lo justifique.

Con un Consejo Interterritorial capidisminuído, con decisiones autonómicas que contradicen las políticas de Estado sobre las que el Tribunal Constitucional tendrá que dirimir (euro por receta, subastas, etc), no son precisamente buenas noticias porque denotan que estamos sumidos en un gran carajal interpretativo de normas a granel, donde lo que se discute no es la calidad en la prestación sino la propia economía para poder dar la prestación.

La judicialización se ha instalado de forma permanente en nuestras vidas; además de los temas sanitarios, la corrupción, el despilfarro, los malos gobernantes que forman parte de nuestra historia mas reciente y que reciben premios por su mala gestión; este es el paisaje cotidiano que contemplamos día a día quienes sostenemos con nuestros dineros el sistema; recurrir a los Tribunales debiera ser anecdótico y se ha convertido en norma general y en especial en estas guerras fraticidas Estado-Comunidades Autónomas.

Con estructuras inútiles y costosas, con un entramado administrativo que absolutamente nadie alcanza a entender, con una capacidad legislativa sin precedente, los administrados estamos en terreno de nadie, a merced de lo que en cada caso nos quieran aplicar y decir desde Bruselas esos personajes anónimos, de quienes no sabíamos de su existencia, ni conocemos, ni votamos, ni sabemos si están cualificados, pero que se hacen notar; un juego diabólico en todo regla.

Los juristas somos incapaces de ubicarnos ante tanta norma legal y los políticos…a lo suyo, es como si los médicos estuvieran perdidos ante una pandemia de proporciones inauditas, con muchos protocolos, pero sin saber que hacer.

El Síndrome de China es una gran película (1979) interpretada magistralmente por Jack Lemmon, Jane Fonda y Michael Douglas. El argumento sostiene la teoría de que si el núcleo de un reactor se fundiera, estando la planta en Estados Unidos, este atravesaría verticalmente la Tierra hasta llegar, metafóricamente hablando, a China; hoy el Síndrome se llama Chipre, posiblemente haya que elevarlo a la categoría de enfermedad, porque con este antecedente difícilmente los pueblos de esta Europa en desunión pueden quedarse tranquilos y lo malo de todo ello es que de momento no tenemos terapia para combatirla si llegara a afectarnos y ya terminaríamos viendo que nuestra falta de salud será una causa más, porque el sistema colapsaría por si mismo.

http://www.youtube.com/watch?v=24MOqH0BSvo

Mariano Avilés – Jurista

(artículo publicado en Medical Economics, nº 188 de 5 de abril de 2013)