«Las reformas introducidas  desde los años ochenta por la nueva economía y sus legisladores, han supuesto en el mercado laboral más perjuicios que beneficios para los asalariados»

 Siempre lo dijo Manuel Avilés, mi padre: “el trabajo es una segunda naturaleza”; la primera es la naturaleza del ser humano en sí mismo.

 Terrible problema social el que padecemos en España, es causa de  la primera preocupación que los ciudadanos tenemos en nuestra escala de valores como persona integrada en una sociedad: ¿Dónde queda “el deber de trabajar y el derecho al trabajo” que reconoce la Constitución en su artículo 35?.

Esto del desempleo se me antoja cuando menos una indignidad que  no está bien tratada en sus soluciones por los gobiernos que han pasado por nuestra historia constitucional. No voy a referirme, ahora, a las corrientes que vienen de Bruselas, empujadas por ideas de mandatarios desconocidos que hacen oídos sordos a que cada país tiene su propia problemática.

 Los derechos en  España ahí están reconocidos constitucionalmente desde 1978, algunos de ellos hoy por hoy, aun,  son absoluto papel mojado; desde hace tiempo defiendo que a la Constitución hay que quitarle las telas de araña, lo que  significa que lo que se contiene en tan importante texto, debiera cumplirse.

 ¿Qué significa tener derecho a algo?; entiendo que hace referencia a un derecho que puede ser reclamado; el pronombre indefinido “algo” no equivale al todo; tener derecho a todo sería como no tenerlo a nada, porque los costes serían inasumibles. Un derecho solo se tiene e incluso puede ser reclamado, cuando hay una norma jurídica que lo reconoce y le da ese rango de posición ventajosa.

 Tradicionalmente el concepto del derecho al trabajo se ha asociado a la lucha de los movimientos de izquierda en especial de estudiantes y universitarios, con sus símbolos; hoy esta es una bandera que puede portar cualquier ciudadano con independencia de su ideología; el desempleo, por desgracia, es el punto de encuentro de muchos conciudadanos nuestros.

 Por hablar de la historia más reciente de este país diré que el desempleo fue el principal problema social de la transición y la democracia, sin que la recuperación económica iniciada a mediados de los ochenta sirviera para volver al pleno empleo de la etapa anterior a la crisis del petróleo; de los 150.000 desempleados de 1973 se pasó a más de un millón en 1980 , a 2.350.000 en 1990 y a mas de 4.500.000 actuales. En occidente la confluencia del paro estructural y la revolución tecnológica han dado como resultado el recorte de derechos sociales y el desmantelamiento de buena parte del Estado del bienestar, hasta convertirlo en una ilusión de lo que debería ser una realidad.

La llegada del socialismo al poder coincidió con la revolución conservadora de Estados Unidos y el Reino Unido; esto pudiera explicar el carácter contradictorio  de la política socioeconómica de los gobiernos socialistas a partir de 1982 con la victoria por mayoría absoluta de Felipe González, con lemas regeneracionistas como “por el cambio” o “que España funcione” que con una mano fortalecían el Estado del bienestar y de los derechos de los trabajadores (reducción de la semana laboral a cuarenta horas), y con la otra un ajuste urgente de los sectores económicos poco competitivos (sobre todo industriales: astilleros, altos hornos, minería, etc.).

El auge económico de los años noventa acrecentó la prosperidad de las clases medias, encareció las ciudades  y devaluó el papel del Estado en el que vieron un adversario más que un medio de prosperidad y cayó el prestigio del sector público. La llamada “cultura del pelotazo” más que una expresión coloquial fue una forma de vida, que en el fondo no era sino el cumplimiento de un viejo designio de algunos intelectuales de principios del siglo XX; el capitalismo sería, según ellos, la verdadera regeneración del país: “Nuestros hijos”, escribiría Ramiro de Maeztu en 1899, “no serán cursis…les enseñaremos sencillamente a hacer dinero”.

El tránsito hacia el siglo XXI registró un cambio sustancial en el mercado de trabajo, con cifras record de afiliación y recaudación por cuotas a la Seguridad Social permitieron contemplar situaciones de superávit. El debate académico era bien distinto y tenía como eje el Estado del bienestar y su sostenibilidad, teniendo en cuenta el impacto de factores  como el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y los múltiples riesgos que habría que cubrir con la complejidad de la integración europea y la recepción de inmigrantes.

 La competencia de los países en desarrollo, con mano de obra menos protegida y más barata, la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral y la llegada de inmigrantes han supuesto cambios radicales, tanto en el proceso productivo como en la legislación laboral que favorecía la precarización del trabajo con contratos más cortos, horarios más flexibles y salarios más bajos, con, además, mano de obra inmigrante, juvenil, femenina y clandestina que se ha enfrentado de hecho con la forma de trabajo tradicional.

 La utilización en fraude de ley de figuras jurídicas como los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por empresas punteras y multinacionales, ha servido para maquillar de forma descarada los datos del empleo en aras a los beneficios en balance de cada una de ellas. Prejubilaciones reales y encubiertas de grandes empresas han facilitado la salida del mercado laboral a miles y miles de trabajadores (como en la banca y similares) a edades de verdadero escándalo, para seguir trabajando en un mercado opaco; despidos pactados para descargarse de trabajadores que pasaban automáticamente a cobrar el correspondiente subsidio; todo ello se sigue produciendo en un escenario sobradamente conocido por agentes sociales y sindicatos que han convertido al trabajador en una mercancía con valor a la baja en el mercado humano más denigrante que se pueda conocer desde la esclavitud.

 La precariedad en los empleos, las formas de contratación a las que las pequeñas empresas se ven avocadas por las enormes cargas sociales que no pueden ser soportadas porque la gran tajada de los resultados del esfuerzo en sus actividades ya se la ha llevado previamente las administraciones y su enorme aparato de gasto creciente y desatado, el maltrato a los trabajadores que ven como horas trabajadas son horas no cobradas, con la aplicación de la ley del silencio; la alternativa pasa por el “no vuelva usted mañana”; todo ello hace que la imagen de gobernantes altos, medios y bajos y sus afines se vean relegados a personajes montados en un nuevo sistema de explotación legal contra el que los ciudadanos nada pueden hacer porque representan el propio sistema y estructuras que han crecido como una tela de araña al calor de la democracia, y que son designados –siempre los mismos – en una oligarquía edulcorada con toques de libertad.

 ¡Que no se retrase la edad de jubilación!, es un mensaje que lanzo a quienes tienen el poder y la gloria; que en lugar de prejubilaciones la jubilación sea a los sesenta años con los requisitos jurídicos que correspondan, con la obligación –absolutamente ineludible- para las empresas de que cada baja por jubilación genere dos puestos de trabajo de nuevas generaciones de jóvenes que tanto desean trabajar; evidentemente este sería un proyecto estratégico a desarrollar para poder ponerlo en práctica, una ley que de verdad fuera posible su aplicación, incluso que tuviera la forma jurídica de Ley de bases, ¿y todo ello para qué?:

Crear nuevas oportunidades de trabajo a generaciones con buena formación; que los jóvenes a los que ya les hemos formado en este país no tengan que emigrar con su mochila de conocimientos; los jóvenes consumen y crean riqueza; tienen hijos lo que ayudaría a subir la media de natalidad y contribuiría a una regeneración social;  comprarían vivienda para sus familias; comprarían su coche; consumirían mas ocio; regenerarían un ambiente decrépido, sombrío, subvencionado y sin futuro como el actualmente existente; y sobre todo que cotizarían para que los jubilados puedan percibir su pensión en un Estado del bienestar real y sostenible, restableciendo la dignidad de esa segunda naturaleza de la que habla mi maestro, mi padre, para quienes ya han alcanzado una edad de respeto y venerable, que han trabajado por este país.

 Las nuevas generaciones necesitan tener su trabajo; con ello los movimientos populistas desinflarían sus pretensiones auspiciadas por un ambiente hostil hacia gobiernos y gobernantes que han creado un caldo de cultivo favorable y peligroso para la estabilidad en todos los aspectos estratégicos de progreso y tranquilidad social.

 Las reformas introducidas  desde los años ochenta por la nueva economía y sus legisladores, han supuesto en el mercado laboral más perjuicios que beneficios para los asalariados; la creación de empleo precario ha justificado un recorte progresivo y escandaloso de los derechos sociales. Cándido Méndez,  hoy todavía secretario General de UGT, aunque no sea precisamente el paradigma de trabajador, dijo algo que me gustó y que cito:”el derecho al trabajo  ha avanzado solo a costa de perder los derechos en el trabajo”.

 Gestión nueva se impone por quienes en este año de elecciones aspiran a gobernar en los distintos estamentos de este país; estamos más necesitados que nunca de ideas nuevas, progresistas y avanzadas para la sociedad española; necesitamos que se de cumplimiento a este derecho fundamental a tener un trabajo digno, en consonancia con la formación y en su remuneración, con estabilidad y concluyo: para gobernar no hace falta hacer revoluciones, hay que aplicar simplemente el sentido común.

 Mariano Avilés – jurista