26 diciembre 2017

 

 

«Ante todo, tiene que resultar claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía -y aún este poder tiene sus límites-, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad.»

 

España siempre ha sido plural, sobre su suelo se han asentado culturas y pueblos dispares; reinos, reyes y súbditos han visto pasar siglos con continuo movimiento de fronteras, guerras y soluciones que en buen número de ocasiones han venido de la mano de los matrimonios de conveniencia, momentos en los que la  monarquía pasó a ser el régimen por excelencia, un régimen de vasallos que al cabo de los tiempos pasaron a ser ciudadanos con derechos (en ocasiones sin desarrollar) y no pocas obligaciones; esta es la particular condición de la democracia moderna instaurada en España y a la que  se le ven las costuras constitucionales más de lo deseado.

El Tribunal Constitucional ha calificado al Estado Español en numerosas sentencias como “Estado Compuesto”, en interpretación del diseño constitucional de los entes territoriales. La configuración  del poder público (artículo 137 de la Constitución Española) tiene como base el Estado, titular de la soberanía; las Comunidades Autónomas, con autonomía política; las provincias y municipios dotadas de autonomía administrativa (Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1981). Sin duda una descentralización al límite, en muchas ocasiones cuestionada y casi siempre no entendida por quienes la pueden ejercer políticamente.

De este modo, la Constitución ha instaurado un Estado complejo, en el que el ejercicio de las funciones estatales se encomienda tanto a las instituciones generales del Estado como a las Comunidades Autónomas, dotadas de autonomía política que son expresión del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española (Sentencia del Tribunal Constitucional 119/1992).

La Constitución Española en su artículo 1.2 establece que “La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado”. Asimismo en su artículo 2 establece que  «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

De este modo, según el Tribunal Constitucional, la estructuración del poder del Estado se basa en el principio de unidad, fundamento de la propia Constitución, y en los de autonomía y solidaridad. La Constitución parte de la unidad de la Nación española que se constituye en Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional. Esta unidad se traduce así en una organización -el Estado- para todo el territorio nacional.

Ante todo, tiene que resultar claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía -y aún este poder tiene sus límites-, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la Constitución.

Tras más de veinte años de asedio, la ciudad celtíbera de Numancia se convirtió en una pesadilla para Roma. Mancino, un cónsul que pidió la paz, fue condenado por el senado romano a ser entregado a los propios numantinos para que dieran buena cuenta de él. Ellos en cambio rechazaron ejecutarlo.

Siete cónsules pasaron por la historia sin conseguir la victoria romana sobre Numancia; era demasiada humillación y Roma, harta acudió a Publio Cornelio Escipión Emiliano “el africano menor”, nieto adoptivo de Escipión el Grande, aquel general invicto que destruyó Cartago y la cubrió en sal para maldecirla eternamente: Delenda est Cartago. “Cartago debe ser destruida”.

Los numantinos comprendieron que si querían seguir siendo libres tendrían que resistir a sangre y fuego o terminar por morir de hambre y sed. Antes del asedio final Escipión aniquiló las ciudades vecinas que podían suministrar ayuda a los numantinos. En verano de 133 a. C., sus habitantes prefirieron quitarse la vida unos a otros, antes que entregar la ciudad y convertirse en esclavos.

En la Comunidad Autónoma catalana estamos asistiendo desde hace décadas y más décadas al libertinaje y extorsión consentida, instaurado por los distintos gobiernos que han pasado por la Generalidad, sin que los gobiernos de España desde la Constitución de 1978 hayan hecho absolutamente nada por que vuelvan a lo que el resto de los ciudadanos estamos obligados, a respetar la Ley.

Gobiernos estatales  pactados para tener la mayoría representativa necesaria a base de cesiones y de dineros presupuestarios; gobiernos con mayorías absolutas, han pasado de puntillas por el problema catalán y se permiten dar lecciones de cómo se deberían hacer las cosas para que no resulten como finalmente están resultando, pareciendo desconocer o intentando hacernos creer que ellos, precisamente ellos, no han sido el plato principal de los menús a la carta independentistas que se han cocinado y servido desde Cataluña, aderezados por los distintos gobiernos estatales para que tuvieran el sabor agradable necesario para el resto de España.

Los señores González, Aznar, Zapatero antes y Rajoy actualmente han consentido, si no fomentado, el libertinaje y la insolidaridad proclamada al mundo entero desde el territorio nacional, con la complicidad de los medios de comunicación que actúan de voceros interesados.

Se han quebrantado normas, se han despilfarrado fondos públicos en una juerga permanente en la que los gobiernos de España de forma indirecta han sido partícipes, hasta que lógicamente llegó el preludio del fin de fiesta y con ella la resaca secesionista, amenazando al resto de los ciudadanos con quitarnos el derecho a tener como parte integrante de España el territorio catalán, un territorio que a todos nos pertenece.

La patente de corso que tienen los políticos (sin que evidentemente quieran perderla) para hacer los desmanes que en cada caso convenga para mantenerse en el poder,  ha hecho, y aun hace, que tengamos a expresidentes viviendo, después de nefastas gestiones, a cuerpo de rey e incluso alguno se pasea por el mundo tratando de solucionar los problemas de otros países , incapaz este, como siempre fue, de saber o simplemente entender el problema que generó en España con decisiones adoptadas sobre la relación de España con el Estatuto catalán como caballo de Troya amparando la corrupción catalana más destructiva y selecta.

Negar la evidencia es más fácil que explicarla, por ello todavía se permiten, todos los presidentes sin excepción, salir de cuando en cuando en los medios para pontificar.

Esto es España, un cúmulo de desastres políticos que  tratan de presentarnos periódicamente como hechos consumados y que han encontrado como excusa, casi perfecta, a la Unión Europea quien manda sobre nosotros; esa Unión que ha sido, es y será un magnífico invento, pesebre de muchos y conciliador de conciencias; países dispares en todo y con nada en común; se ha demostrado que lejos de tener criterios políticos que blinden la seguridad jurídica,  ayudan, dan cobijo y apoyo a individuos buscados por la justicia en España; todo esto sin que las estructuras de la Unión tiemblen. ¡¡Vaya Unión de pandereta señores!!.

Con utopías, ideologías y misticismos se ha construido la sociedad de cada momento, siempre variable pero con el elemento común de la valentía y heroísmo, estos  son los nombres que recibe los ingredientes de la temeridad, cuando el individuo sobrevive al riesgo de sus consecuencias.

No hay civilización sin ideologías. Es una ficción hablar de una única ideología, como es una ficción hablar de un pensamiento único. Las ideologías son creencias constitutivas de un mundo social. Son representaciones organizadas lógicamente, capaces de expresar el modo en que las personas viven, comunican e interpretan la realidad en que están insertas.

Toda ideología es un fenómeno psicológico, una deformación o error que sufre un sujeto o un grupo social en alguna dimensión de su pensamiento. Algo así como un prejuicio o un conjunto sistemático de prejuicios bien organizados y justificados; toda ideología es una especie de engaño necesario e inconsciente, una deformación intencionada y total del pensamiento.

Después de más de un año de asedio, el 11 de septiembre de 1714, la ciudad de Barcelona caía en poder de las tropas franco-españolas de Felipe V. Se cerraba así prácticamente el último episodio de la Guerra de Sucesión. Sin embargo, la significación histórica  de esa jornada y, en definitiva, de toda la guerra ha trascendido los límites de un hecho puntual en el devenir histórico español para adquirir una especial significación política.

En Cataluña el desmantelamiento del orden institucional que acordaran los Reyes Católicos en el momento de la unión de sus reinos, ha ido adquiriendo con el paso del tiempo una auténtica consideración de cataclismo, enfervorizando  la masa de ciudadanos (incluidas nuevas generaciones) para reivindicar lo que nunca dieron por perdido en 1714.

De la Numancia que conocieron los romanos no quedó piedra sobre piedra. Cicerón ya se encargó de recordar que la ciudad celtíbera, a la que él mismo otorgó el título de «terror de la República», había sido «destruida de raíz» por sus compatriotas. Es raro que un político dotado de su perspicacia no alcanzase a vislumbrar que la devastación de Numancia iba a ser el germen de un sentimiento que ningún ejército sería capaz de erradicar.

Los numantinos pasaron a ser, a partir de ese momento, el objetivo de los romanos. Los guerreros celtíberos pusieron varias veces en jaque a las tropas enemigas a pesar de su inferioridad en número y armamento. Ni siquiera con diez elefantes que recibieron de refuerzo para atacar por sorpresa la plaza fueron capaces de tomarla. Pasaban los años y los ejércitos enviados por Roma padecían derrota tras derrota. Numancia se convirtió en un problema político de primer orden hasta que el Senado, soliviantado por dos décadas de humillaciones, puso al frente de la campaña a su mejor baza, el general Publio Cornelio Escipión.

Escipión, nieto de aquel Escipión el Africano que venció a Aníbal, reunió un ejército de entre 50.000 y 60.000 hombres y puso cerco a Numancia ignorando las provocaciones de los 4.000 celtíberos que había tras sus murallas para que entrase en combate. Levantó un cerco de nueve kilómetros en torno a la plaza, repartió sus efectivos en siete campamentos y se dispuso a esperar. Once meses duró el asedio. En el verano del año 133 antes de Cristo, las tropas de Escipión entraron en la ciudad y capturaron a los escasos supervivientes. Cincuenta de ellos acompañaron al general en su desfile victorioso por las calles de Roma antes de ser vendidos como esclavos. Los romanos pagaron un alto precio por la victoria: durante los veinte años de campaña perdieron entre 60.000 y 80.000 soldados, según sus propias estimaciones. Numancia fue «destruida de raíz», pero su resistencia alumbró un espíritu que sigue sin dar tregua.

Demasiados paralelismos si los comparamos. La magnitud del problema catalán para el Estado español, al igual que Numancia lo fuera para el Imperio romano no se acallará ni política ni jurídicamente, tampoco con diálogo; las connotaciones de radicalidad que ha adoptado, embravecidos los secesionistas por el cobijo Belga de los huidos de la justicia, lleva a que pese a la pobreza en la que se verá irremediablemente inmersa Cataluña preferirán sacrificarse todos antes de caer en manos del Estado español.

No parece que España haya encontrado el líder que corte de raíz este problema. El espíritu de martirio teñirá Cataluña y durante generaciones (si cabe siglos) será un tema que mantendrá embargado el desarrollo del resto de España y españoles, sobre las cenizas de la ruina económica de Cataluña, una región puntera del Estado al que se han destinado carros y carros de agravios presupuestarios e infraestructuras respecto del resto de Comunidades Autónomas que han tenido que doblegar la cabeza.

Responsabilidad de los políticos: toda. A las instituciones del Estado de derecho proclamado por la Constitución de 1978 se le han visto demasiadas debilidades; con unos tribunales que no tienen la experiencia ni arranque necesario para actuar con celeridad en retos como el que somete Cataluña al Estado pero que los malos siempre saben aprovechar.

Los ciudadanos no estamos tampoco exentos de responsabilidad por no exigir a los políticos que paguen por su mala gobernanza, y no solo en las urnas. A los gobernantes solamente se les juzga penalmente cuando matan o exterminan personas y pueblos sin ser conscientes que los malos gobernantes arruinan, siembran hambruna, destruyen empresas, familias y bienes aunque las personas sobrevivan a duras penas y ellos den lecciones de buen hacer y buen vivir.

El paralelismo -repito-  entre lo sucedido en Numancia y lo que está sucediendo en Cataluña es muy grande, ya se han ocupado los secesionistas de impregnarlo todo de ese espíritu de víctimas; es posible que quienes hoy arrastran a la catástrofe a Cataluña prefieran que no quede piedra sobre piedra antes de seguir en España, una España que está sumida en el síndrome que padeció Roma en los tiempos de expansión del Imperio.

Una amiga me envía el siguiente comentario, después de leer mi artículo, que con su permiso incorporo por parecerme de justicia : Los numantinos «tenían un sentido del honor, del deber, eran íntegros y no se arredraron ni huyeron ante el enemigo, no engañaron a sus conciudadanos ni les contaminaron con sus corruptelas. Tuvieron coraje y nobleza»; como coraje y nobleza tienen ese cincuenta por ciento de catalanes que padecen y luchan contra el asedio de los independentistas.

Durante mucho tiempo nos preguntaremos ¿Hacia dónde camina España?. Una lección que nos dejó la historia.

Mariano Avilés- Jurista

Diciembre 2017

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