artículo publicado en periódico el Global el 9-1-2012

En los albores del año 2012 comienzan las buenas acciones, entre ellas, se pone en cuestión si el sistema nacional de salud puede sostenerse para que los ciudadanos podamos seguir teniendo algo por lo que se ha estado pagando.

Los extraordinarios recortes que está tomando el gobierno son directamente proporcionales a los desmanes económicos de los que han venido disfrutando las Comunidades Autónomas poniendo en riesgo precisamente prestaciones tan fundamentales y necesarias como son las relativas a la salud de las personas; un modelo brillante pero poco controlado y si cabe mal gestionado (sálvese quien pueda).

En tiempos difíciles habrá que imaginar soluciones viables que no pasen necesariamente por engordar el número de funcionarios al servicio del sistema; habrá que pensar en alianzas estratégicas con la sanidad privada con la que se pacten buenas prestaciones a un precio razonable que garantice la calidad y que el Estado se libere de empleo en lo que corresponda; hay una realidad y es que la prestación sanitaria debe estar a disposición de la población sin trabas.

Pero si lo anterior es importante, no lo es menos reconocer que la configuración constitucional que tenemos del Estado es la de un país rico donde ha primado la intención política sobre el interés de los ciudadanos; se ha desperdiciado el dinero de nuestros impuestos a manos llenas y esto es lo que estamos conociendo de verdad ahora,  intuir ya lo intuíamos.

Aquí se necesitan decisiones firmes por parte de la Administración del Estado y la cohesión estaría asegurada; se necesita un control del gasto sanitario que en ningún caso puede ser insuficiente, con el aseguramiento las prestaciones  y, por supuesto, que los dineros de la sanidad sean empleados en sanidad y no para otros fines; hace falta la redistribución de mano de obra sanitaria en los puntos que lo necesitan, en detrimento de otros menos especializados pero que pudieran estar abultados; en definitiva decisiones político-sanitarias con matices empresariales , sin olvidar el fin asistencial y por supuesto con criterios claros que den seguridad jurídica al sistema; mientras tanto…..de sostenibilidad nada.

Mariano Avilés – Jurista