Ya han pasado algunos años desde aquel Julio de 1976 en el que comenzara un profundo cambio político. La ley para la Reforma Política sentó alguno de los principios básicos que caracterizarían el actual Estado democrático de Derecho: “La democracia en el Estado español –decía su artículo primero- se basa en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo”.
La Constitución de 1978 (rancia y superada por la realidad social) plasmó entre otros principios el de legalidad por el que tanto ciudadanos como poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución además consagra el control jurisdiccional de las Administraciones Públicas y concibe al Poder judicial como un poder compuestopor jueces y tribunales independientes, inamovibles y responsables; por el canal constitucional los partidos políticos se han atrincherado en una Ley electoral que pide una reforma a gritos para que haga caer un nefasto procedimiento de listas cerradas y bloqueadas y con ellas el nepotismo más escandaloso.
El pluralismo debería ser un valor superior del ordenamiento jurídico español conforme a la Constitución de 1978, junto a la libertad, la justicia y la igualdad en un orden económico y social que de justo tiene más bien poco; un Estado democrático y social de Derecho en el que los poderes públicos promuevan las condiciones para la libertad y la igualdad del individuo, con la dignidad
de la persona como fundamento del orden político y social justo que debe preservar el Estado; derechos que nos pasan de ser meros conceptos y declaraciones grandilocuentes que pocos creemos.
Ahí tenemos, sobre ilustre pergamino, algunos derechos sociales básicos, el derecho al trabajo, a la salud, a la cultura, a un medio ambiente adecuado, una vivienda digna, todos ellos derechos que configuran una declaración de intenciones tan bonita como incumplida.
Se proclama la “soberanía nacional” y al “pueblo español” como titular de la misma; hoy afirmar la existencia de España como única nación, cuando menos parece una burla cruel de quienes apoyándose en argumentos dados por la democracia constitucional de la nación española, pretenden romperla, sin que el Estado, hasta ahora, haya hecho nada por defendernos a quienes ostentamos la soberanía frente a quienes hacen continuas insinuaciones de secesión.
Con una Monarquía, hoy por hoy necesaria, que está bajo mínimos, que se ha ganado a pulso el desprestigio, con una política de comunicación tan nefasta como nula, que no conecta con los problemas ciudadanos y da la sensación que se escapa de ellos por la puerta de atrás; que da argumentos más que sobrados a quienes la quieren hacer caer; la monarquía de Juan Carlos I está agotando el crédito que los ciudadanos en su día le concedieron; necesita un remiendo de urgencia y empezar a achicar agua si no quiere hundirse, a la vista de los acontecimientos y noticias que nos llegan día a día.
Baste tan solo acudir al artículo 56 de la Constitución en el que se dice que el Rey es el Jefe del Estado, “símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. De su lectura solo cabe decir que parece que está hecho a propósito para impulsar el cambio constitucional, porque con las amenazas nacionalistas en marcha, si no se les pone freno con todo el rigor de la Ley, la figura del Jefe del Estado está en serio peligro en la Constitución; parece una conclusión lógica.
Los ciudadanos estamos mas bien hartos de recibir permanentemente el mensaje que “si no robas es porque eres tonto, o porque no puedes”. El daño tan enorme que la corrupción y el expolio que cada día se conoce de “los servidores de la nación, con lo que de sacrificio representa para ellos” está haciéndonos a todos pensar que la única solución es plantarse de una vez.
Se han dado cuenta los que mandan, quieren corregir la imagen que se ve empañada una y otra vez por nuevas noticias de latrocinio público de quienes acogidos a los beneficios de aforamiento y demás zarandajas por ellos mismos instituidas, burlan la justicia (con una salud manifiestamente mejorable) una y otra vez sin que la sanción ni el peso de la Ley caiga sobre ellos y sin que se devuelva ni un solo euro de lo robado.
La experiencia ha desmentido la teoría que identificaba la corrupción únicamente con sociedades atrasadas o en proceso de salida del atraso, en las que no se sabe realmente a partir de dónde se vulneran las normas. Tampoco se sostiene la idea de que una mayor democracia y transparencia elimina o reduce drásticamente la corrupción, pero si lo es que los episodios de corrupción (que los hay a cientos) se conviertan en escándalo; lo malo de todo esto es que un escándalo tapa al otro y siempre nos quedamos con el de mas actualidad.
Como ha cambiado la categoría y la naturaleza de la corrupción; recuerdan quienes tienen mas años que por aquel entonces la CEDA de José María Gil Robles ( corría la década de los cincuenta y sesenta) comenzó a utilizar la palabra straperlo y luego se convirtió en estraperlo como sinónimo de delito de fraude, de corrupción que nada tenían que ver con el juego ilegal o con el soborno, ya por entonces se empezó a ver que la sobrerregulación administrativa favorece la corrupción y de este exceso de estructura del Estado algo sabemos en España.
¡Cuantos y cuantos casos!, su enumeración sería imposible sin llegar a colocarnos al borde del hastío y agotamiento (Juan Guerra, Filesa, PSV, Roldán, Naseiro, Peña, tragaperras, Pujol, Gurtel, ERES, sindicatos, Urdangarin, etc, etc) un sinfín de expdientes que burlaron y burlarán la acción de esta justicia de tercer mundo de la que disfrutamos; antes se hablaba de las cloacas del poder, ahora habría de concluir con que el poder es todo una cloaca.
Cargos y mas cargos cobrando lo que nunca han merecido ni merecerán (porque el que se sube el carro ya no baja), personajes histriónicos de medio pelo que dicen cómo tiene que ser la hacienda y la vida de cada uno de nosotros. Gentes que marcan nuestros destinos y que no conocemos ni conoceremos nunca, esto es lo que tenemos y nada más.
El robo ha pasado de ser un hecho aislado a forjarse como cultura; la cultura del enriquecimiento rápido, la cultura del pelotazo. A finales de 1994, casi el 60 por ciento de los consultados se consideraban poco o nada satisfechos con la democracia, y entre las causas y como primera estaba la corrupción, de la que Felipe González llegó a aseverar que el término corrupción aparecería en los diccionarios políticos.
Mariano Avilés – Jurista